Aunque el Gobierno Regional de Madrid
destinara entre 800 y 1.000 millones de pesetas
para aplicar medidas que faciliten la vida
a las personas con alguna discapacidad física,
todavía queda mucho por hacer
para que un minusválido o un invidente
tenga las mismas facilidades que cualquier otro ciudadano
a la hora de desarrollar su jornada cotidiana.
Creo que las barreras con las que tiene que luchar
una persona con alguna problemática especial,
o en nuestro caso, una deficiencia visual grave,
son barreras psicológicas,
sociales y materiales.
No son tanto las barreras arquitectónicas
de acceso a los centros universitarios
o acceso a los centros escolares,
porque esas barreras son subsanables con una rehabilitación
y un adiestramiento previo idóneo.
Organizaciones como la ONCE
tienen consciencia de que es necesario
construir un entorno menos discriminador
y colaborar activamente desde dentro hacia fuera
para alcanzar este objetivo.
En ese sentido, nuestros apoyos van dirigidos en dos líneas.
Una, en el área económica
para cubrir todas las necesidades
que le comporta la actividad académica.
Y la otra, conocida como adaptación del puesto de estudio.
Esto significa armar tecnológicamente a un estudiante universitario
que padece una ceguera,
para permitirle que las horas que invierte en el estudio,
las pueda rentabilizar al máximo.
Las instituciones públicas,
como la UNED, cumplen ese objetivo final
de que la accesibilidad
es un problema de todos,
con el que se clausuraron las Primeras Jornadas del Consejo
para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
que se celebró este mes en Madrid.